Ni Ramón María del Valle-Inclán lo hubiese descrito mejor.
El esperpento de 'Luces de Bohemia' no le llega ni a la suela de los zapatos a lo que se está viviendo en la Justicia española con Álvaro García Ortiz.
La noticia saltó en el mediodía del 9 de noviembre de 2025.
Ángel Hurtado, juez instructor del Tribunal Supremo, dictó el auto de apertura de juicio oral contra el fiscal general del Estado por presunto delito de revelación de secretos.
En un escrito de 29 folios, el magistrado rechazó suspender al fiscal general en el cargo, como proponía una acusación popular, y acuerda requerir una fianza de 150.000 euros a García Ortiz "a fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, pudieran imponérsele".
El acusado deberá abonar la fianza en un plazo de cinco días, o "se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar dicha suma".
La Sala de lo Penal del Supremo juzgará al fiscal general por revelar presuntamente un correo electrónico en el que el abogado de la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso admitía que su cliente había cometido dos delitos de fraude fiscal. Se trata de una situación inédita en la historia de la democracia española: el jefe del Ministerio Público irá a juicio y afronta penas de hasta seis años de prisión.
Vicente Vallés, en su informativo en Antena 3 Noticias, resumió a la perfección la esperpéntica situación a la que García Ortiz estaba empujando a la Justicia española:
El sistema judicial español tiene a su fiscal general sometido a juicio. La sentencia final de ese juicio, como de cualquier otro, podría ser la absolución del acusado. Pero mientras el fiscal general esté sentado en el banquillo, la institución a la que representa estará en una situación extraordinariamente comprometida. El responsable de combatir el delito va a ser juzgado bajo la acusación de cometer un delito. Es el mundo al revés.
