Ante la alarmante cifra de casos de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado, el Congreso de Jalisco quiere aplicar la pena máxima de 15 a 30 años de cárcel, a quien o quienes cometan ese delito que afecta gravemente el desarrollo de la personalidad de los jóvenes.
