Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria se presentaron en la Corte Constitucional de Ecuador para impugnar la Ley de Integridad Pública, que amenaza con excluir a medio millón de pequeños proveedores del sistema de compras estatales. La normativa impulsada por el presidente Daniel Noboa favorecería a grandes empresarios, mientras asociaciones y cooperativas enfrentan pagos atrasados y exclusión. Víctor, un pequeño empresario de Riobamba, denuncia que el Estado le adeuda siete meses y ahora podría perder su sustento. teleSUR