El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un nuevo decreto para regular la creación y reconocimiento de universidades en España, con el objetivo de frenar el crecimiento acelerado de los campus privados, que en los últimos años han proliferado hasta casi igualar en número a los centros públicos.
Aunque el texto definitivo incluye algunos ajustes que relajan ciertos requisitos, mantiene puntos polémicos que han generado críticas dentro del propio Ejecutivo y entre organismos como Economía, Trabajo y la CNMC. Entre ellos, destaca la obligación de que al menos el 75% del profesorado en universidades online resida en España o en otro país de la Unión Europea.
Esta medida podría vulnerar los principios de libre circulación de trabajadores y de prestación de servicios, según advirtió el Consejo de Estado en su dictamen, publicado por ABC. Además, se cuestiona que el lugar de residencia sea un criterio válido para garantizar la calidad académica, calificándolo de falta de justificación objetiva, lo que podría derivar en impugnaciones judiciales.
El decreto busca elevar la calidad del sistema universitario, pero abre un debate sobre competencia, libertad académica y movilidad internacional del profesorado.
