De acuerdo con el Ministerio Público, la modalidad de operación consistía en el mal uso del Programa de Interés Social (PDIS) , un programa de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) destinado a financiar proyectos comunitarios. Hasta la fecha, la Autoridad Nacional de Descentralización ha presentado 290 denuncias, de las cuales 281 permanecen activas, ya que 9 fueron inhabilitadas por duplicidad con denuncias previas presentadas por particulares. Asimismo, se han recibido 36 informes de auditoría, de los cuales 35 reflejan lesión patrimonial, que asciende a un monto de $24,830,652.20. El único informe sin lesión corresponde a la junta comunal de Curundú, recibido este lunes.
